- El 91,04% de las denuncias presentadas por Recope desde junio del 2020 no han concluido con una sentencia. Para la empresa, el desafío no termina al descubrir una toma ilegal, sino al desarticular las estructuras criminales que permiten que el delito se repita.
Solo 86 de las 959 denuncias presentadas por Recope por presuntas violaciones a la Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas (Ley 9852) han concluido con una sentencia.
El dato, correspondiente a los primeros seis años de vigencia de la normativa, equivale al 8,96% de los casos denunciados y evidencia que la respuesta frente a este delito va mucho más allá de intervenir una perforación clandestina; el objetivo es identificar y llevar ante la justicia a quienes integran las organizaciones criminales que operan detrás de estas actividades.
A la fecha, 673 expedientes permanecen activos, mientras las investigaciones continúan para establecer responsabilidades dentro de estructuras que, con el paso de los años, han sofisticado sus métodos de operación y diversificado los roles de quienes participan en el robo, transporte, almacenamiento y distribución ilícita de combustibles.
“Las organizaciones criminales saben que una toma ilegal puede cerrarse en cuestión de horas, pero mientras exista una estructura capaz de volver a perforar el poliducto y colocar otra conexión clandestina, el problema persiste. El verdadero golpe contra el robo de combustible no ocurre cuando se clausura una toma ilegal, sino cuando se logra desarticular toda la red que está detrás de ella. Mientras esas organizaciones mantengan capacidad para reorganizarse y volver a operar, el robo de combustible seguirá siendo una amenaza para el país. Por eso cada sentencia representa mucho más que el cierre de un expediente, significa debilitar las estructuras que hacen posible este delito”, explicó Karla Montero, presidenta de Recope.
La investigación comienza cuando se descubre la toma
A partir del 2022, Recope fortaleció su papel en el combate contra el robo de combustibles al asumir una participación más activa en las investigaciones. Además de presentar las denuncias, la empresa comenzó a coordinar de forma más estrecha con los cuerpos policiales y judiciales, aportando criterio técnico, acompañamiento en diligencias y la evidencia necesaria para fortalecer cada caso.
Y es que detectar una conexión ilegal representa apenas el primer paso. A partir de ese momento inicia un proceso para reconstruir la forma en que opera la organización, identificar a las personas involucradas y recopilar la evidencia técnica necesaria para sustentar una investigación penal.
En muchos casos, las diligencias incluyen inspecciones especializadas, análisis del punto de extracción, estudios del combustible decomisado y la identificación de inmuebles, vehículos o equipos utilizados para el almacenamiento y transporte ilegal del producto. El propósito es demostrar la existencia de una estructura delictiva y no únicamente la comisión de un hecho aislado.
Ese trabajo conjunto también ha permitido evidenciar la evolución del delito. Lo que años atrás podía asociarse con conexiones improvisadas, hoy incorpora mangueras industriales de alta presión, sistemas de almacenamiento clandestino y una logística diseñada para extraer, movilizar y distribuir grandes volúmenes de combustible sin levantar sospechas.
“En los últimos años entendimos que denunciar no era suficiente. Decidimos involucrarnos mucho más en cada investigación, aportar nuestra experiencia técnica y trabajar de la mano con las autoridades para que los casos lleguen con el mayor respaldo probatorio posible”, afirmó Montero.
Cada sentencia exige demostrar toda la cadena del delito
Las denuncias presentadas por Recope abarcan no solo las perforaciones al poliducto, sino también el transporte, almacenamiento y distribución ilícita de combustibles. Cada expediente aporta información que fortalece nuevas investigaciones, permite identificar patrones de operación y facilita la vinculación entre personas y organizaciones dedicadas a esta actividad.
Seis años después de la entrada en vigencia de la Ley 9852, las 959 denuncias presentadas por Recope muestran que el robo de combustible continúa siendo una amenaza vigente. Para la empresa, reducir la brecha entre denuncias y sentencias no responde únicamente a una estadística, sino a la necesidad de debilitar las organizaciones criminales que encuentran en esta actividad una fuente de financiamiento y que siguen poniendo en riesgo a las comunidades, el ambiente y la infraestructura energética del país.
