- Desde junio del 2020, cuando entró en vigencia la Ley 9852, 37 personas han sido sentenciadas.
- En la actualidad, aunque hay 470 casos activos, solo 13 personas permanecen en prisión preventiva y 26 cumplen con otros tipos de medidas cautelares.
“Hombre detenido por segunda vez en un mes como sospechoso de robo de combustible”. “11 detenidos por presunto robo de combustible en Limón”. “Cuatro detenidos por aparente robo de combustible en Siquirres”.
Los anteriores son tan solo algunos de los titulares que han acaparado los medios nacionales en este 2024, muestra de que el robo de combustible se ha convertido en un problema país cada vez más frecuente.
En junio del 2020, cuando entró en vigencia la Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas (ley 9852), tanto el robo, como el transporte, la distribución y la receptación de hidrocarburos, se convirtieron en delito.
Desde entonces, Recope ha presentado 739 denuncias y solo 37 personas han sido sentenciadas, es decir, apenas un 5%.
En la actualidad, 470 casos se mantienen activos y de los imputados en estas causas, apenas un 8,2% (39) cumplen con algún tipo de medida cautelar: 13 descuentan prisión preventiva y 26 se mantienen apegados al proceso con otros requerimientos jurídicos, como impedimento de salida de Costa Rica, firmar periódicamente en un despacho judicial, así como monitoreo con brazalete electrónico.
“Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el robo de combustible es una problemática que amenaza la seguridad y la estabilidad de nuestro país. En los últimos meses, muchas personas han sido testigos del esfuerzo incansable de Recope, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el OIJ y la Fiscalía para combatir esta situación, pero los números actuales de castigos son alarmantemente bajos”, aseveró Karla Montero, presidenta de Recope.
Para nadie es un secreto que en este delito se han venido involucrando organizaciones dedicadas al crimen organizado, por lo cual Recope ha hecho múltiples esfuerzos para combatir la situación, desde la coordinación constante con las autoridades policiales y judiciales, hasta la inversión en capacitaciones y tecnología para el personal especializado.
Asimismo, se ha incentivado a la población para que ante cualquier sospecha de robo, almacenamiento, transporte o venta ilegal de combustible, denuncie, de manera gratuita y confidencial, a la línea 1-0-0-2.
“Los cuerpos policiales y los ciudadanos son nuestros aliados en esta lucha, pero necesitamos que los responsables estén tras las rejas. Un castigo ejemplar no solo es necesario, es imperativo para disuadir a otros de seguir este camino. Juntos, podemos y debemos proteger el Sistema Nacional de Combustible, que nos pertenece a todos”, manifestó Montero.
De las personas que figuran como sospechosas de violentar la ley 9852, 53 han sido detenidas en este año.
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