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Las empresas públicas se concentran, principalmente, en sectores clave como servicios públicos, recursos naturales, industrias extractivas y finanzas. Además, las operaciones de las empresas públicas tienen importantes implicaciones fiscales y pueden generar deudas, incluso en términos jurídicos, al Estado, que en último término puede ser responsable de sus finanzas.
El buen gobierno de las empresas públicas es crucial para la existencia de mercados abiertos y justos, el funcionamiento de las economías nacionales donde actúan dichas empresas y la prestación de servicios públicos a la ciudadanía. Las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas orientan al Estado sobre cómo desempeñar su función de propietario de manera activa e informada en el ámbito específico de la lucha contra la corrupción y de la integridad.
La corrupción u otras prácticas irregulares que se puedan producir en las empresas públicas, o que afecten a éstas, siguen siendo un gran obstáculo para el buen gobierno corporativo. No sólo pueden perjudicar a la reputación de la marca y de la empresa y sus resultados, también pueden provocar importantes pérdidas financieras, minar la confianza de la opinión pública, deteriorar el entorno de inversión nacional e internacional y afectar directamente a la prestación de servicios públicos a la ciudadanía.
Elementos principales
- La profesionalización de la función de propiedad del Estado.
- Lograr que las empresas públicas operen con unos niveles de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas similares a los de las privadas que siguen las mejores prácticas.
- Garantizar que la competencia entre las empresas públicas y las privadas,
cuando se produzca, se realice en igualdad de condiciones.
La presente Recomendación ha sido la premisa de que el Estado, como propietario de una empresa, debe adherirse a cuatro disposiciones a los que promueven las Directrices sobre Empresas Públicas:
1. Integridad del Estado
Las empresas públicas son entidades jurídicas autónomas supervisadas por la Administración y por funcionarios públicos de alto nivel y sujetas en general al Estado de Derecho en los países en que operan. A estos efectos, los Adherentes, actuando a través de las entidades propietarias si procede, deberán tomar las siguientes medidas:
1.1 Satisfacer criterios estrictos de comportamiento del Estado
El Estado deberá dar prioridad al interés público y asumir la responsabilidad de los problemas de integridad en las empresas públicas de que sea propietario y de aquellos que puedan afectarles, lo que incluye, entre otras cosas, el fomento de una cultura de transparencia transversal a toda la Administración
El Estado deberá satisfacer criterios estrictos de comportamiento, que constituyan un ejemplo para las empresas públicas y pongan de manifiesto su integridad frente a los ciudadanos en su calidad de propietario último:
- Seguir procedimientos en materia de contratación, retención, formación, jubilación y retribuciones sustentados en principios de eficiencia, transparencia, y en criterios predeterminados como el mérito, la igualdad, la capacidad y la integridad.
- Quedar sujetos a normas sobre conflictos de intereses que aborden de manera suficiente los conflictos que puedan surgir directamente en la gobernanza de determinadas empresas públicas o carteras de empresas públicas, o que puedan dimanar de actividades realizadas por la empresa pública o de asuntos relacionados con el sector en el que ésta opera.
- Establecer normas y procedimientos claros para comunicar cualquier preocupación sobre prácticas ilegales o irregulares, tanto efectivas como meramente inducidas, que lleguen a su conocimiento en el desempeño de sus funciones de propietario.
1.2 Establecer prácticas en la función de la propiedad que propicien la integridad
El Estado deberá tomar las medidas oportunas para prevenir el mal uso de las empresas públicas para beneficio personal o político, en particular:
- Disponer que las leyes aplicables que tipifican como delito el cohecho de cargos públicos se apliquen de forma similar a los representantes de los órganos de gobierno.
- Prohibir el uso de las empresas públicas como instrumento para la financiación de actividades políticas y hacer contribuciones a campañas políticas.
2. Ejercicio de los Derechos de Propiedad del Estado en Favor de la Integridad
Las entidades propietarias deberán tener el respaldo jurídico, la capacidad y la información necesaria para hacer que las empresas públicas mantengan elevados niveles de rendimiento e integridad, cuando proceda, deberán tomar las siguientes medidas:
- Garantizar la claridad del marco jurídico y normativo y de las expectativas del Estado en cuanto a la lucha contra la corrupción y a la integridad.
- Actuar como propietario activo e informado en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción y a la integridad en las empresas públicas.
3. Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción Dentro de la Empresa
De los Adherentes se aseguren de que su política de propiedad refleje plenamente que uno de los fundamentos del fomento de la integridad y la prevención de la corrupción en las empresas públicas y en relación con ellas es la eficacia de los controles internos de la empresa, la ética y las medidas de cumplimiento que previenen, detectan y mitigan los riesgos relacionados con la corrupción y hacen cumplir las normas, cuando proceda, deberán tomar las siguientes medidas:
- Fomentar los sistemas integrados de gestión de riesgos en las empresas públicas.
- Promover los controles internos, la ética y las medidas de cumplimiento en las empresas públicas
- Salvaguardar la autonomía de los órganos de toma de decisiones de las empresas públicas
4. Rendición de Cuentas de las Empresas Públicas y del Estado
Los procedimientos de auditoría externa, sólidos, transparentes e independientes son mecanismos que garanticen la probidad financiera, informando a los accionistas del comportamiento general de la empresa e implicando a las partes interesadas. A estos efectos, los Adherentes, cuando proceda a través de las entidades propietarias, deberán tomar las siguientes medidas:
- Crear mecanismos de rendición de cuentas y de supervisión en las empresas públicas.
- Tomar medidas y respetar las garantías procesales en las investigaciones y acciones judiciales.
- Fomentar la participación de la sociedad civil, la ciudadanía y los medios de comunicación y la comunidad empresarial.
