- La impunidad sigue marcando el camino del robo de combustible en Costa Rica. Aunque la ley castiga este delito desde 2020, los números muestran una débil aplicación judicial que contrasta con el esfuerzo creciente de Recope por frenarlo.
Cinco años después de que se promulgara la Ley para sancionar el robo e introducción ilegal de combustibles (ley 9852), solo 57 personas han sido sentenciadas en todo el país. Esta cifra contrasta con la magnitud de un delito que no solo genera un perjuicio económico, sino que compromete directamente la vida de las personas, la seguridad energética y la estabilidad de Costa Rica.
Lejos de ser una problemática aislada, el robo de combustible se ha convertido en un fenómeno criminal de alta complejidad. Se nutre de redes organizadas, estructuras clandestinas y una peligrosa normalización que por años encontró eco en la indiferencia. Pero ese escenario cambió en esta administración. Recope dejó atrás su rol pasivo y adoptó una postura decididamente activa en la lucha contra esta amenaza.
“Hoy Recope no solo denuncia, sino que acompaña las investigaciones, brinda insumos técnicos, recaba pruebas necesarias y eleva la voz. No vamos a normalizar un delito que puede terminar en tragedias humanas. Nos toca seguir actuando con firmeza”, aseguró Karla Montero, presidenta de Recope.
Pocas sentencias, múltiples riesgos
Desde la entrada en vigencia de la Ley 9852, en junio del 2020, Recope ha presentado 848 denuncias por robo, transporte ilícito y almacenamiento clandestino de combustibles; sin embargo, el número de procesos que han culminado con una sentencia condenatoria es bajo: 57 en cinco años.
La impunidad ha generado un terreno fértil y el delito ha evolucionado constantemente.
“Cada toma ilegal es una bomba de tiempo. Hemos visto casas que almacenan decenas de litros de combustible en su interior, tomas ilegales cerca de escuelas y centros médicos y personas manipulando gasolina sin ningún tipo de protección. El riesgo humano es inaceptable”, enfatizó Montero.
Una nueva postura institucional
«La actual administración de Recope implementó una estrategia frontal para enfrentar el robo de combustible. Esto incluye la capacitación de un equipo especializado, así como alianzas con cuerpos policiales, el OIJ y el Ministerio Público.
Además, se impulsó una campaña para crear conciencia de la importancia que tiene la denuncia ciudadana al 1-0-0-2, una línea gratuita y confidencial en la que se puede reportar cualquier sospecha de robo, transporte, almacenamiento, venta o cualquier otra irregularidad relacionada con el combustible.
La ciudadanía debe recordar que cuando alguien roba combustible, está robándonos a todos. Está poniendo en peligro vidas humanas, afectando el ambiente y exponiendo al país a un riesgo gigantesco. Cada denuncia nos ayuda a enfrentar esta problemática en conjunto y esperamos seguir teniendo el apoyo de la gente”, agregó Montero.
Llamado a aplicar la ley con todo su peso
Pese al esfuerzo, Recope advierte que el combate contra el robo de combustible no puede depender solo de su accionar y el de sus aliados. Es urgente se aplique la ley con firmeza.
No puede ser que tengamos un marco legal, evidencia técnica contundente y aún así tan pocas condenas. Recope está haciendo su parte, pero necesitamos que el resto del sistema responda con la misma contundencia”, reclamó Montero.
Cinco años después, la Ley 9852 sigue siendo más promesa que realidad. Mientras tanto, Recope reitera su compromiso de no bajar la guardia, de seguir denunciando y de visibilizar un delito que, por años, se prefirió ocultar bajo tierra.
DEL ARCHIVO: Caso pichingueros de Barranca: Tres detenidos, una bodega allanada y combustible decomisado
