Estudio técnico del Instituto Centroamericano de la Administración Pública (ICAP) advierte que la apertura de mercado a empresas privadas aumentaría los precios hasta un 19%.
Recope lleva a cabo una actividad que, por su valor estratégico (suministro de energía), el país decidió que esté a cargo de una empresa del Estado, que es propiedad de todos los costarricenses.
Este martes, la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley que propone el cierre de Recope.
“Nos parece sumamente irresponsable un proyecto de ley de esta naturaleza, con evidentes carencias en su motivación y que, de forma oscura, lo que realmente pretende es la privatización y además de eso, no rebajaría las tarifas que pagan todos los costarricenses”, lamentó Juan Manuel Quesada, presidente de Recope.
Agregó que “esta propuesta, lejos de garantizar una rebaja en el precio de los combustibles, trae oculto un interés de privatizar una actividad que evidentemente ha venido generando beneficios para los costarricenses”.
A continuación, 10 razones que explican por qué no podemos compartir el alcance que tiene este proyecto:
1. El proyecto de ley pretende la privatización
El proyecto de ley pretende justificar el cierre de Recope; sin embargo, lo que hay detrás de ello es la privatización que no traerá beneficios a los consumidores.
La iniciativa de ley también reconoce que hay actividades que lleva a cabo Recope, que justifica que sea un único agente económico el que lo preste. La pregunta es: ¿Qué sentido tiene pasar de un monopolio público a uno privado?
Es importante acotar que si bien, Recope administra un monopolio, no se comporta como un monopolista por las siguientes razones:
| ¿Cómo actúa un monopolio tradicional? | ¿Cómo actúa Recope? |
| Tiene el poder de manipular el precio para maximizar sus ganancias y quitarle beneficios al consumidor | Recope no fija ni manipula el precio. El precio es regulado, lo fija Aresep, con base en el principio del servicio al costo, que significa que no pueden ir gastos excesivos, innecesarios ni ajenos a la actividad que realiza. |
| Tiene el poder de reducir la calidad de los productos y cobrar igual o más, para maximizar sus ganancias. | Recope ofrece combustibles con base en las normas establecidas por el país y en cumplimiento con estándares internacionales. |
| Las ganancias se distribuyen solamente entre sus accionistas. | Recope no genera ganancias, todos los beneficios se invierten en el servicio y/o se trasladan a todos los costarricenses por medio de rebajas tarifarias. |
“¡Cuidado! Porque detrás del supuesto cierre de Recope, lo que hay es una privatización. Es importante que se transparente quiénes están detrás de esta privatización. Probablemente se trate de intereses particulares que pretenden apropiarse de los ahorros y beneficios que Recope le genera a todos los costarricenses”, indicó el jerarca.
2. Recope: sinónimo de eficiencia
El proyecto de ley señala que Recope opera de manera deficiente. Para justificar este argumento se comparan los precios de las gasolineras en Costa Rica y Panamá, y se alega que eso es gracias a que hay apertura en el mercado.
No obstante, ese análisis resulta de una comparación abiertamente equivocada entre ambas realidades. La diferencia de precios que existe en Costa Rica y Panamá se explica por tres factores:
a. El impuesto a los combustibles en Costa Rica es significativamente más alto que en Panamá, según se observa en el siguiente cuadro:
| País | Gasolina Súper | Gasolina Regular | Diésel |
| Costa Rica | 1,93 | 1,85 | 1,09 |
| Panamá | 0,60 | 0,60 | 0,25 |
b. En Costa Rica, el precio de las gasolinas y el diésel tiene un sobrecargo por disposiciones legales, ya que deben financiar el subsidio que se otorga al sector pesquero, a los consumidores de gas y el búnker.
En este sentido, debe advertirse que el proyecto de ley no resuelve lo referente a cómo se financiarían esos subsidios. Es de suponer, que dejarían de existir, lo que naturalmente conduciría al aumento en el precio del gas, afectando a los sectores de menores ingresos, y el búnker, que se utiliza en la industria.
En la actualidad, el subsidio se financia entre productos, porque Recope es el único distribuidor de todos los combustibles. Con la eliminación de Recope tal cual lo propone el proyecto, las nuevas empresas operadoras posiblemente se especializarían por producto, lo que imposibilita compensar el subsidio a esos productos.
c. En Costa Rica existe una política solidaria, que exige un precio único para todo el país; mientras que la comparación imprecisa que realiza el proyecto de ley utiliza el precio que se reporta solo para la ciudad de Panamá.
En este sentido, debemos advertir que el “Estudio sobre impactos en el modelo de compra-venta-distribución de la industria de hidrocarburos en Costa Rica”, elaborado por el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), señala que, de cerrarse Recope, el precio de venta de los combustible aumentaría en las zonas más alejadas a las terminales de venta existentes, porque resultaría complejo mantener la política de precio único en todo el país.
Ante ese panorama, realmente es falso que Recope sea ineficiente. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) revela que Costa Rica es el país que importa a los menores precios de la región, a pesar de que en los otros países el mercado está liberalizado. De acuerdo con esa información, si Costa Rica hubiera importado al precio promedio de la región, el costo de las importaciones hubiese sido
$99 millones más caro, con respecto al precio de importación del país, según se muestra en el siguiente cuadro:
| Producto | Promedio Centroamérica y el Caribe $/BBL* |
Promedio Costa Rica $/BBL* |
Volumen Importado BBL Recope** |
Costo de importación a precios de CA y el Caribe |
Costo de importación al precio Costa Rica |
Aumento en la factura petrolera |
| Asfaltos | 73,28 | 69,08 | 0,46 | 33,58 | 31,66 | -1,92 |
| Diésel | 83,23 | 78,69 | 7,78 | 647,9 | 612,56 | -35,34 |
| Fuel Oil | 67,78 | 65,17 | 0,68 | 45,99 | 44,22 | -1,77 |
| Combustible de aviación | 162,2 | 162,94 | 1,41 | 228,27 | 229,31 | 1,04 |
| Gasolina regular | 85,38 | 80,7 | 4,13 | 352,74 | 333,4 | -19,33 |
| Gasolina súper | 87,8 | 81,5 | 4,1 | 360,21 | 334,36 | -25,85 |
| Gas | 57,9 | 50,96 | 2,35 | 135,8 | 119,52 | -16,28 |
| Total | 20,91 | 1 804,49 | 1 705,04 | -99,45 |
Por otra parte, es importante recordar que, por ejemplo, en el caso de la gasolina súper, el 83% del precio responde al costo de adquirir el producto (43%) y al impuesto que recauda el Ministerio de Hacienda (40%).
Del total del precio de las gasolinas, los trasportistas (cisternas) y gasolineras representan un 10%. Mientras tanto, Recope obtiene tan solo un margen que oscila entre 5-6% del precio; eso, porque Recope no existe para generar y apropiarse de ganancias, sino para trasladarlas a todos los costarricenses.
Por esa razón, puede afirmarse que el cierre de Recope no es la solución para bajar el precio de los combustibles en nuestro país.
En este contexto, vale la pena preguntarse: ¿Alguien podría creer que una empresa privada decida entrar a Costa Rica a competir, realizar inversiones y operar al costo (sin ganancias) como lo hace actualmente Recope?
La respuesta en definitiva es no, por lo que es un argumento absurdo.
3. Con el proyecto de ley no habría rebajas en los precios de los combustibles, por el contrario, aumentarían
El proyecto de ley, en la página número 9, cita al diputado Eliécer Feinzaig de la siguiente manera:
“La apertura no provocaría una gran reducción de las gasolinas, pero sí habría ahorro. Hay unas eficiencias que se podrían ganar en un mercado abierto, pero no es ese el principal objetivo (…)”.
Como se observa, este proyecto de ley es claro al admitir que el principal objetivo de la propuesta no es reducir las tarifas que pagan los costarricenses por los combustibles y tampoco resulta en una solución para bajar el precio de los combustibles.
Más allá de simples apreciaciones, el estudio del ICAP afirma que la eliminación del modelo actual en manos de Recope, es decir, si dejara de existir Recope, los precios de los combustibles en Costa Rica aumentarían hasta un 19%, debido a los mayores márgenes de ganancias que esperarían las compañías en otro esquema de mercado.
Asimismo, como se mencionó anteriormente, el estudio advierte que, de darse el cierre de Recope, las zonas más afectadas del país serían aquellas zonas alejadas de la Gran Área Metropolitana (GAM), es decir, las zonas con el Índice de Desarrollo Humano más bajo del país (costas, zonas fronterizas), las cuales se verían afectadas con los mayores aumentos en los precios de los combustibles.
4. El peso de la convención colectiva: un fantasma del pasado
El proyecto de ley falta a la verdad al decir que hoy, los trabajadores de Recope gozan de “privilegios vergonzosos”.
Al respecto debe aclararse que, los trabajadores de Recope ya no disfrutan de beneficios como: de soda, días hábiles de vacaciones adicionales, actividades sociales, beneficio económico por contraer matrimonio o tener hijos, entre otros.
Actualmente, los derechos de la convención colectiva que se encuentran vigentes pasaron por el escrutinio de la Sala Constitucional y recibieron su aval, por lo que no es posible eliminarlos.
Adicionalmente, debemos indicar que solo en el 2023, el costo de la convención colectiva se redujo en un 53%, pasando de un promedio anual de más de ₡15.000 millones a ₡7.260 millones.
Finalmente, no debe perderse de vista que la Ley Marco de Empleo Público congeló salarios afectos a estas convenciones colectivas y al igual que cualquier otra entidad de gobierno, se encuentra pagando el salario global aprobado por Mideplan en las nuevas contrataciones de personal.
5. Las remuneraciones salariales de Recope no son representativas
Otra de las imprecisiones que contiene el proyecto de ley es que las remuneraciones de los empleados de Recope han experimentado un aumento; sin embargo, la realidad es otra. Para el 2023 solo un 1,7% de nuestro presupuesto correspondió a remuneraciones, los cuales fueron un 5% menos que en el 2022. Es decir, además de que su peso relativo es pequeño, lo cierto es que, además, se han reducido.
Según Quesada, “sobre este rubro hay que entender que el frío no está en las cobijas”.
6. Recope se consolida como una empresa modelo a seguir dentro del sector público
Muy alejado a lo expuesto en el proyecto de ley, que cuestiona la gestión de la empresa, debemos precisar que, en el 2023, la Contraloría General de la República (CGR) calificó a Recope con nota perfecta en el Índice de Cumplimiento para la Mejora Pública, en la que destacó nuestros logros en eficacia, estrategia, gestión de datos, liderazgo y cultura, parámetros en los que logramos ponderar el nivel más alto.
Es claro entonces que, Recope se ha posicionado en nuestro país como una empresa modelo a seguir dentro del sector público.
7. El robo de combustible no es un juego
El proyecto de ley asegura que el robo de combustible es responsabilidad de Recope, pero pierde de vista que, en realidad, es un problema que enfrentan todos los países que poseen oleoductos y/o poliductos, lo que quiere decir que, este delito no es un problema de Recope, si no un problema país, que se ha venido desarrollando como una actividad ilícita asociada al crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero.
Es un absurdo pensar que con cerrar Recope se eliminaría esta problemática (tal y como se mantiene en otros países), en tanto el incentivo de los ladrones no va a desaparecer.
8. “Refinería que no refina”: una cantaleta del pasado
La propuesta de ley también se equivoca al indicar que la antigua refinería sigue generando costos que pagan todos los costarricenses.
Esta información es absolutamente falsa. La refinería se desmanteló en diciembre del 2022. Los equipos que se rescataron en buen estado se reutilizarán en nuestras operaciones y estamos vendiendo aquellos que, encontrándose en buen estado no tienen utilidad para la empresa. Asimismo, aquellos equipos que no se encontraron en buen estado, se constituyen como chatarra, están siendo vendidos según los procedimientos de ley.
Debe precisarse que, actualmente, solo existen tres equipos en pie, los cuales el proyecto de ley sugiere que también debieron desmantelarse; sin embargo, hay que advertir que eso no sería una decisión razonable desde un punto de vista económico. El objetivo de la empresa es vender esos equipos, y para poder obtener un mejor precio, debemos mantenerlos en esas condiciones.
Al respecto, Quesada señaló que “eso es una tontera. Las cosas tienen una razón de ser. No podemos ir a desmantelar algo solo porque un funcionario de la Aresep fue, tomó una foto y se le ocurrió que tenían que estar desmantelados. Nuestro objetivo es sacar un mejor provecho a esos bienes porque son recursos que se van a devolver a los costarricenses”.
9. Recope ha demostrado eficiencia operativa
Hablar mal de la forma de administrar el suministro de los combustibles en Costa Rica, es el reflejo de no entender -o no querer entender- las bondades del modelo al cual el país ha apostado.
Por ejemplo, solo en los años 2022-2023 el proceso de compra de combustibles que realizó Recope para los costarricenses, nos permitió generar ahorros por casi ₡300.000 millones. Esos ahorros se trasladan directamente a los consumidores, no se los deja Recope. Debe advertirse que, en la lógica que propone el proyecto de ley, lo que va a ocurrir es que esos ahorros no los va a ver el costarricense.
“El proyecto dice que se van a generar ahorros; sin embargo, se afirma que las tarifas no van a bajar ¡Cuidado! ¿A dónde van a ir a parar esas enormes cantidades de dinero? Yo les puedo decir que es muy probable que los costarricenses no las van a ver”, expresó Quesada.
También, Recope transfirió más de ₡500.000 millones a otras instituciones, que son destinados al fortalecimiento del régimen de pensiones, la prevención y atención de emergencias, el mantenimiento de carreteras nacionales y cantonales, la supervisión de la red vial nacional, así como el impulso a servicios ambientales y agrícolas.
10. Recope está alineado con las metas ambientales
Otra imprecisión que tiene el proyecto de ley es que sugieren que Recope no está alineada a las metas ambientales del país, pero como por arte de magia, olvidan que – contrario a ello- Recope está apoyando activamente al Minae para lograr incorporar combustibles limpios en nuestro país, como, por ejemplo, el etanol.
Adicionalmente, en Recope contamos con una cultura ambiental que nos ha permitido obtener en reiteradas ocasiones el galardón de Bandera Azul Ecológica en nuestras terminales. Muestras claras que tenemos un enorme compromiso de conservar el medio ambiente.
NO TODO ES MALO
Es claro que estamos frente a una propuesta de un proyecto de ley que se cae por su propio peso, al carecer de motivación, pero no podemos olvidar que en la Asamblea Legislativa también se encuentra el Proyecto de Ley 24.079, Ley para promover la transición energética en el sector combustibles, suscrito nada más y nada menos que por diputados de la Comisión de Energía.
Esta iniciativa pretende fortalecer el rol de Recope en el desarrollo de energías limpias en el país, haciendo uso de las bondades del modelo del suministro de combustibles con el que cuenta nuestro país.
Este, -consideramos-, es un proyecto de ley que va en la dirección correcta de una transición energética necesaria y que amerita el total apoyo.
