Las acciones conjuntas entre Recope y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) continúan dando resultados positivos en la lucha contra el robo de combustible en Costa Rica. Entre enero y mayo de este año, las autoridades intervinieron 32 tomas ilegales en el poliducto, lo que representa una disminución sostenida frente a las 58 registradas en el mismo periodo del 2024 y las 85 contabilizadas en el 2023.
Durante estas intervenciones, la Fuerza Pública aprehendió a 26 personas vinculadas a actividades ilícitas relacionadas con la sustracción de hidrocarburos, mientras que en otras acciones en las que Recope ha estado involucrado se han detenido nueve personas más, para un total de 35. Estas acciones han permitido también el decomiso de combustible robado, evitando que llegue a redes criminales que operan de forma organizada en distintos puntos del país.
La presidenta de Recope, Karla Montero, destacó la efectividad de las medidas implementadas. “Estamos viendo réditos claros de una estrategia integral basada en tecnología, capacitación especializada y articulación institucional. Sin embargo, el problema sigue vigente y no podemos bajar la guardia”, manifestó la jerarca.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, destacó el avance en la respuesta operativa frente al fenómeno. “Hoy los cuerpos policiales tienen un mejor entendimiento del fenómeno; saben cuáles son los puntos críticos, cómo se mueven los grupos criminales y dónde intervenir”, afirmó.
Las autoridades insisten en que el robo de combustible no solo representa un perjuicio económico para el país, sino que constituye una amenaza directa a la seguridad ciudadana y al ambiente. Las conexiones ilegales, muchas veces improvisadas y ubicadas cerca de comunidades o zonas de alto tránsito, aumentan el riesgo de explosiones, fugas e incendios.
La magnitud del riesgo se acentúa al considerar que el poliducto tiene 415 kilómetros de longitud, una distancia mayor que la extensión territorial de la frontera con Panamá o Nicaragua.
Crimen organizado detrás del delito
Recope y el Ministerio de Seguridad Pública han mantenido una estrecha coordinación para combatir el robo de combustible, tomando en cuenta que no se trata de actos aislados sino de operaciones coordinadas por estructuras criminales.
Uno de los elementos que más ha incidido en los resultados recientes ha sido la coordinación entre Recope y el Ministerio de Seguridad Pública. La articulación operativa ha facilitado acciones conjuntas más eficaces, con mejor intercambio de información y reacción más rápida ante reportes ciudadanos.
Precisamente, en lo que va del 2025, se han decomisado 93.660 litros de combustible robado en múltiples operaciones con diversos cuerpos policiales. Sin embargo, Zamora destacó que los esfuerzos se ven diluidos cuando los implicados son puestos en libertad o reciben medidas cautelares leves a pesar de que se aporte evidencia sólida en su contra.
¿Qué más se está haciendo?
Recope ha invertido en reforzar técnicamente sus equipos, ampliar la cobertura de monitoreo con herramientas de última tecnología y capacitar tanto a su personal como a policías. Además, promueve cambios legislativos que permitan imponer sanciones más severas a los responsables de este delito.
Otro de los resultados de las medidas aplicadas es que en el primer cuatrimestre el perjuicio económico se redujo de ₡1.134 millones en 2023 a ₡666 millones en 2025. Asimismo, se han recibido más denuncias ciudadanas a la línea confidencial 1-0-0-2: 86 en lo que va del 2025, frente a 51 en el mismo periodo el año anterior.
Pese a los avances, las autoridades coinciden en que el robo de combustible seguirá siendo una amenaza mientras existan redes delictivas activas y zonas vulnerables. “Necesitamos mantener una respuesta firme, dinámica e informada. Solo con vigilancia constante, inversión sostenida y compromiso interinstitucional podremos contener este flagelo”, concluyó Montero.
