- Iniciativa interinstitucional permitirá dotar a las autoridades de más herramientas legales, fortalecer controles internos y combatir las redes delictivas que se benefician del robo de combustibles en Costa Rica.
- Con los cambios también se busca proteger la infraestructura crítica y garantizar la seguridad energética del país.
El robo de combustibles en Costa Rica dejó de ser un delito aislado para convertirse en un negocio del crimen organizado. Para frenarlo, Recope impulsa una reforma legal que endurece las penas, amplía los tipos de delitos y proporciona a las autoridades más herramientas para proteger la seguridad energética del país.
Los cambios propuestos a la Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas, ley 9852, vigente desde 2020, se trabajó junto con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el Ministerio de Justicia y Paz, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía.
Karla Montero, presidenta de Recope, recordó que el Sistema Nacional de Combustibles, compuesto por 415 kilómetros de poliducto, cuatro terminales de almacenamiento, dos estaciones de bombeo y cuatro terminales en los aeropuertos internacionales, es una infraestructura crítica de interés público.
“La propuesta que trabajamos de manera interinstitucional busca cerrar vacíos legales y dar un paso más en la defensa de la infraestructura energética del país”, afirmó la jerarca.
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Entre los principales cambios están:
- Tipificación de delitos: Sancionar no solo el apoderamiento, sino también la distribución, el suministro, el transporte, la comercialización, el almacenamiento, la manipulación, el ocultamiento y la introducción ilegal de combustibles.
- Aumento de las penas: Incrementar de cinco a quince años la pena de prisión para quienes colaboren o se beneficien del delito, incluidas personas funcionarias públicas o trabajadoras de Recope que participen en estas actividades. Aumentar de tres a ocho años el castigo carcelario para quien, destine, autorice, tolere y/o facilite bienes muebles o inmuebles para que de manera ilegal se realice la sustracción, apoderamiento, adquisición, almacenamiento, transporte, conservación, tenencia, venta, ofrecimiento, suministro o comercialización de combustibles. Subir de cinco a ocho años la pena cuando el bien inmueble facilitado se encuentre afectado por servidumbre de poliducto o de paso a favor de Recope.
- Control patrimonial interno: Todo el personal de Recope relacionado con la operación del sistema deberá presentar una declaración jurada de situación patrimonial.
- Creación de la Unidad de Protección Especial de Ductos (UPED), adscrita a Recope: Funcionará como cuerpo auxiliar policial con potestad de actuar en casos de flagrancia.
El robo de combustibles no solo implica pérdidas económicas millonarias, también genera riesgos ambientales por derrames y fugas, así como amenazas a la seguridad de las personas.
Por ello, Recope defiende la urgencia de esta reforma. “Con este proyecto buscamos dotar al país de herramientas legales efectivas para frenar un delito que financia al crimen organizado y que pone en riesgo la seguridad energética de Costa Rica. Reforzamos nuestra lucha contra la corrupción y los delincuentes que nos roban la paz”, enfatizó Montero.
La propuesta ya fue remitida al Poder Legislativo para su trámite.
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Estrategias efectivas
En esta Administración, Recope dejó de ser un actor pasivo frente al robo de combustible y se convirtió en un actor activo en la defensa de la seguridad energética del país. Después de tres años de trabajo intenso, con estrategias de control, fiscalización y colaboración interinstitucional, los resultados son visibles: Redes delictivas desarticuladas, incremento de denuncias a la línea 1-0-0-2 y reducción en tomas ilegales intervenidas y cantidad de combustible sustraído.
Las tomas ilegales intervenidas entre enero y agosto pasaron de 92, en 2024, a 43 en el mismo periodo de este año (53,26% menos); mientras que la cantidad de combustible sustraído pasó de 3,1 millones de litros a 2,1 millones de litros (34,32% menos).
Por otra parte, los allanamientos en los que Recope ha apoyado a las autoridades judiciales aumentaron de 16, el año pasado, a 22 en este 2025, mientras que las denuncias a la línea 1-0-0-2 también se incrementaron, de 128 a 136.
“Los números positivos que hemos tenido este 2025 son el reflejo del arduo trabajo que hemos realizado para combatir el robo de combustibles. Sin duda, son un reflejo de que este delito ya no será tolerado en Costa Rica, pero como hemos venido diciendo, necesitamos que todos los actores se involucren y sensibilicen con esta lucha”, aseveró Montero.
Desde que existe la ley 9852, Recope ha presentado 852 denuncias y, actualmente, 577 causas permanecen activas; sin embargo, solo 57 personas han sido sentenciadas.
Con las reformas propuestas a la legislación, se espera que el proceso judicial sea más ágil y efectivo, que se aumenten las condenas para quienes participen en estas actividades ilegales y que se fortalezcan los mecanismos de control interno en Recope. Así, la estrategia de esta Administración no solo continuará protegiendo la infraestructura crítica del país, sino que también consolidará un mensaje claro que nuestro país ya no tolera este tipo de delitos.
