- Se superó etapa de negociación entre las partes, en espera que sus órganos superiores la ratifiquen, momento en el cual sería remitida al Ministerio de trabajo.
- Sobre el principio de sigilo o confidencialidad, una cosa es la palabra secreto o secretismo y otra la confidencialidad que respalda el proceso de negociación de convención colectiva.
RECOPE y el Sindicato de Trabajadores Petrolero Químicos y Afines de RECOPE (SITRAPEQUIA) concluyeron este 3 de febrero el acta de finalización de las negociaciones de la Convención Colectiva. Esta etapa del proceso de negociación, si bien está concluida, ahora deberá ser validada por los órganos superiores de ambas partes, lo que incluye a la Junta Directiva de la Empresa.
El respeto al ordenamiento jurídico por parte de RECOPE ha sido mal calificado como secretismo, un término que no cabe para una negociación de convención colectiva que busca eficiencia y ahorro en un marco de transformación integral de la Empresa donde se respetaron todos los lineamientos que el estado de derecho demanda, incluyendo el Decreto N° 41553 del 30 de noviembre de 2018 “Reglamento para el funcionamiento de la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público”, la Directriz 009-H del 1 de junio de 2018 sobre la renegociación de las Convenciones Colectivas en el Sector Público, así como los lineamientos que al respecto ha establecido la Ley N° 9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y las resoluciones de la Sala Constitucional.
“No estamos en un momento para reaccionar a la presión de los medios de prensa, pues se deben seguir todas las normas que un proceso de esta naturaleza exige, aplicando el sigilo y cautela necesarios para que esta información sea pública en el momento procesal oportuno. Esta ha sido una negociación donde se han respetado a cabalidad los principios de legalidad que inspiran y conforman el sistema jurídico del país, en especial la Ley N° 9635 y el mandato presidencial de negociar a la baja”, explicó el presidente de RECOPE, Alejandro Muñoz Villalobos.
Agrega el jerarca que no se incluye en el nuevo convenio nada que impacte a nivel salarial en los gastos de RECOPE y se ha actuado en observancia de los procedimientos legales exigidos por el Ministerio de Trabajo, al pie de la letra.
“Estamos anuentes a transparentar y dar toda la información como se lo merece y exige el pueblo costarricense, en el momento que corresponda, porque manejamos recursos públicos. El Principio de legalidad nos obliga a actuar apegados al ordenamiento jurídico sin posibilidad de obviar o desaplicar todo el conjunto normativo”, recalcó Muñoz.
La posibilidad de negociar convenciones colectivas es un derecho con respaldo constitucional y legal en Costa Rica. Es un sistema que permite la determinación bilateral de las condiciones de trabajo, y para que adquiera legalidad administrativa requiere ser homologada por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quienes deben examinar y verificar que lo convenido se ajusta al Ordenamiento Jurídico, en fondo y forma.
“Lo que la Administración ha buscado en esta negociación, es modificar lo convenido en negociaciones pasadas, aplicando criterios a la baja; es decir limitando al máximo los montos acordados para disminuir los costos finales, y se ha ido aún más allá, eliminando algunos de ellos”, indicó el jerarca.
En los próximos días, una vez concluidas las restantes fases de aprobación interna, y en apego al ordenamiento normativo, estaremos brindando información detallada sobre los alcances de este proceso.
