- Apoyo de Recope al OIJ y la Fiscalía fue clave durante las investigaciones.
- Organizaciones criminales sustrajeron miles de litros de combustible de líneas de Recope.
En Turrialba y Limón
La lucha contra el robo de combustible tiene un antes y un después a partir de este martes 10 de diciembre. Dos investigaciones conjuntas entre Recope, el OIJ y la Fiscalía se convirtieron en los primeros dos casos de robo de combustible tipificados como crimen organizado.
Después de 22 meses en los que se realizaron múltiples diligencias en diversos distritos de Turrialba (Cartago) y Limón, hoy se efectuaron 55 allanamientos, con el objetivo de desarticular a tres bandas dedicadas a sustraer gasolinas, diésel y combustible de aviación (Jet A-1) de las líneas de Recope.
“Hoy es un día histórico. Las primeras investigaciones de robo de combustible declaradas como crimen organizado son un paso crucial en nuestra lucha. Desde Recope seguiremos trabajando sin descanso para que los delincuentes dejen de poner en riesgo la vida y la seguridad de las personas”, manifestó Karla Montero, presidenta de Recope.
Caso Turrialba
El primero de los casos se remonta a febrero del 2023, cuando Recope presentó una denuncia tras notar un alarmante incremento en las tomas ilegales de combustible en varias comunidades de Turrialba.
Según la investigación, dos agrupaciones conformadas por personas entre los 20 y 45 años operaban durante las noches y madrugadas para evitar ser descubiertos.
Durante la investigación, se intervinieron más de 80 tomas ilegales, se decomisaron 15 camiones y miles de litros de combustible robado. Además, el perjuicio económico es considerable, ya que entre el 2023 y 2024 este se calculó en aproximadamente ₡708,4 millones. Sin embargo, el daño no solo fue económico, ya que estas organizaciones también causaron graves afectaciones ambientales en la zona.
Caso Limón
El segundo caso fue denunciado en marzo del 2023, luego de que la Administración de Recope notara que había una diferencia considerable entre la cantidad de combustible que se recibía de los barcos y la que llegaba a los tanques.
Ante esos indicios, se acudió al OIJ y comenzó la investigación, la cual para octubre del 2023 dio los primeros frutos, cuando fueron detenidos dentro de la terminal Moín dos sujetos por transportar en un camión 34.000 litros de gasolina que, posteriormente, fueron decomisados.
Asimismo, entre febrero y marzo de este 2024 hubo dos intervenciones, una el 27 de febrero en Guápiles, que permitió la captura de cuatro personas y el decomiso de 51.000 litros de combustible, y otra el 22 de marzo en Río Blanco de Liverpool, cuando se allanó una propiedad en la que se intervino un túnel de 46 metros de largo y se incautaron 42.700 litros de combustible.
Finalmente, el 11 de octubre, cuando se detuvo a un hombre de apellidos Bell Fernández, se asestó otro golpe a esta organización previo al gran operativo de este 10 de diciembre.
Entre los sospechosos de conformar esta agrupación se encuentran tres funcionarios de Recope, quienes, al parecer, facilitaban información clave para
la sustracción de combustible. Por ello, las terminales de Moín y El Alto, así como el edificio Hernán Garrón fueron allanados para recolectar información clave para la investigación.
“Recope, como el principal afectado, está totalmente anuente a colaborar con las autoridades judiciales, con el fin de que se sienten las responsabilidades pertinentes. Como lo hemos dicho, a nivel interno, tomaremos las medidas pertinentes porque no vamos a tolerar casos de corrupción”, aseveró Montero.
En este segundo caso el perjuicio económico se calculó en ₡5.000 millones. Esa cifra no se había dado a conocer anteriormente debido a varias razones:
1. La extracción del combustible se realizaba en la línea marina, que va del puerto a la terminal, no en el poliducto de transporte de combustibles entre terminales.
2. Esa línea estuvo sin sistemas de control y monitoreo hasta abril del 2023, cuando se empezaron a observar movimientos irregulares en ese trayecto y se activó el sistema que no se había puesto en marcha cuando empezó a operar la terminal portuaria 5.0.
3. Debido a la denuncia interpuesta, la sospecha de participación de personal interno y la dimensión de la investigación, la información se mantuvo confidencial hasta ahora.
La presidenta de Recope destacó que espera que todas las personas detenidas reciban medidas cautelares acordes a la gravedad de los hechos y que a futuro sean sentenciadas conforme a la ley, tomando en cuenta que hay una gran cantidad de pruebas sólidas.
“Recope ha reiterado en múltiples ocasiones su política de cero tolerancia a la corrupción y su compromiso con la transparencia, la integridad del personal de Recope es un valor que nos caracteriza; por lo que no toleraremos que un grupo pequeño de personas dañen a esta Empresa, es por eso que tomaremos todas las medidas legales y administrativas que correspondan contra los que resulten implicados en estos delitos”, aseguró Montero.
Además, en el tramo que va de los barcos a los tanques, Recope ha implementado cinco medidas claves:
- Limpieza de zonas.
- Alumbrado.
- Revisiones periódicas.
- Sistemas de seguridad.
- Sistemas de control y medición.
Recope clave
En esta Administración, Recope ha dejado de ser una víctima pasiva y ha tomado un rol proactivo en la lucha contra el robo de combustible. Además de profesionalizar a su personal e invertir en equipos tecnológicos de la más alta gama para proteger y operar el Sistema Nacional de Combustibles, la Empresa ha fortalecido la coordinación interinstitucional con todos los cuerpos policiales y judiciales del país y los ha capacitado en temas técnicos.
Asimismo, ha promovido una modificación a la ley, se ha involucrado a la ciudadanía y se les ha hecho un llamado para que ante cualquier sospecha de robo, transporte o venta ilegal de combustible denuncien de manera gratuita y confidencial a la línea 1-0-0-2. “La colaboración de la población es fundamental en esta lucha”, agregó Montero.
Con la operación de este martes, el mensaje de las autoridades es contundente: No habrá tregua para quienes atenten contra la seguridad energética del país.
