- Texto dictaminado ajusta alcances de las facultades de Recope, refuerza la seguridad jurídica de sus actuaciones y mantiene el objetivo de proteger la infraestructura energética del país.
Costa Rica no puede dejar sola su infraestructura energética frente al crimen. Por eso, Recope celebra que la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobara, con dictamen afirmativo para conocimiento del Plenario, el proyecto de ley que fortalece la protección de la infraestructura energética nacional y brinda nuevas herramientas para enfrentar el robo de combustible.
La aprobación del expediente 25.206, Ley para fortalecer la prevención y sanción de actividades ilegítimas relacionadas con el apoderamiento ilegal de combustibles y delitos conexos, representa un paso firme frente a un delito que el país no puede seguir viendo como un hecho aislado. Cada toma ilegal representa un riesgo directo para las comunidades, para la seguridad de las personas y para activos estratégicos indispensables para el funcionamiento de Costa Rica.
El texto aprobado mantiene el corazón de la iniciativa: sancionar actividades ilícitas relacionadas con la sustracción, transporte, distribución, comercialización, posesión almacenamiento y ocultamiento ilegítimo de combustibles, así como fortalecer la protección del Sistema Nacional de Combustibles, declarado infraestructura crítica y de interés público.
Además incorpora mejoras sustantivas que brindan mayor claridad y seguridad jurídica. Entre ellas, se delimita expresamente que las facultades de la Unidad Especial para la Protección de Ductos de Combustible solo podrán ejercerse dentro del perímetro de las instalaciones de Recope y en las servidumbres de su paso a favor, mismo que tiene una longitud de 418 kilómetros.
Esta precisión fortalece la viabilidad jurídica del proyecto y reafirma que Recope actuará en coordinación y coadyuvancia con los cuerpos policiales y las autoridades judiciales competentes.
“Las observaciones legislativas son parte natural del proceso democrático y permiten fortalecer los proyectos. De nuestra parte, consideramos que el objetivo se mantiene intacto, que es el de dotar al país de mejores herramientas para combatir el robo de combustible, pero con mayor certeza jurídica y pleno respeto de las competencias de cada institución”, afirmó la jerarca.
Montero destacó que la reforma reconoce de manera expresa el papel que desempeña Recope en la protección de una infraestructura estratégica para el desarrollo nacional.
“Desde el 2022 venimos enfrentando este delito mediante tecnología, inteligencia y coordinación con otras instituciones, pero consideramos que la regulación es necesaria para que defina claramente nuestro ámbito de actuación. Este proyecto brinda respaldo jurídico a nuestros funcionarios y fortalece la capacidad del Estado para proteger el poliducto nacional”, señaló.
La jerarca destacó que esta iniciativa nace de una convicción clara y de buena fe: Recope no puede ser un actor distante frente a la protección de su propia infraestructura. La empresa es la principal interesada en resguardar estos activos y cuenta con el conocimiento técnico, la experiencia operativa y la capacidad especializada para aportar en su defensa.
“Aquí no hablamos únicamente de bienes públicos. Hablamos de instalaciones donde intervienen combustibles, químicos y productos inflamables; escenarios que exigen criterio técnico, prevención, responsabilidad y una respuesta oportuna”, señaló Montero.
El texto dictaminado también mantiene disposiciones relevantes, como la creación de la Unidad Especial para la Protección de Ductos de Combustible, el régimen de disponibilidad para garantizar respuesta 24/7, la declaración jurada patrimonial para puestos relacionados con el Sistema Nacional de Combustibles y el registro de ventas de mangueras industriales superiores a 100 metros, una medida clave para mejorar la trazabilidad de insumos utilizados en tomas ilegales.
En materia penal, el proyecto conserva sanciones para conductas como el transporte, distribución, almacenamiento, comercialización, posesión o introducción ilegítima de combustibles; el daño o manipulación de sistemas tecnológicos e instrumentos de control y el favorecimiento para el apoderamiento ilegítimo de combustibles y delitos conexos.
“Valoramos que las señoras y los señores diputados hayan actuado con responsabilidad, escuchando criterios técnicos, aportando desde su experiencia y mejorando el texto para hacerlo más claro, sólido y jurídicamente viable”, agregó Montero.
Recope escuchó, explicó y ajustó lo necesario. El resultado es una propuesta más robusta, construida mediante diálogo democrático y orientada a un objetivo común: proteger la infraestructura energética nacional, resguardar a las comunidades y enfrentar con mayor eficacia el robo de combustible.
Este avance demuestra que, cuando se trabaja con apertura, técnica y responsabilidad, el país puede construir soluciones serias para problemas que requieren decisión y visión de Estado.
