- Detrás de cada robo de combustible hay un elemento en común: mangueras industriales de alta presión.
- Recope busca seguirles el rastro mediante el proyecto de ley 25.206.
Diecisiete toneladas de mangueras industriales de alta presión, utilizadas por organizaciones criminales para sustraer combustible del poliducto, fueron destruidas por Recope. Se trata del material decomisado en allanamientos realizados en distintos puntos del país.
Aunque son de uso cotidiano en actividades como la construcción, la agricultura o el transporte industrial de líquidos, estas mangueras también se han convertido en un elemento clave para las organizaciones dedicadas al robo de combustible. Con ellas conectan las tomas ilegales al poliducto y trasladan grandes volúmenes de producto hacia camiones, tanques o bodegas clandestinas.
Para enfrentar este fenómeno no basta con decomisar y destruir el material utilizado. También es necesario conocer su recorrido desde la venta hasta el comprador final. Precisamente ese es uno de los objetivos del proyecto de ley 25.206, “Ley para fortalecer la prevención y sanción de actividades ilegítimas relacionadas con el robo de combustibles y delitos conexos”, que propone establecer registros, controles y mecanismos de identificación para detectar compras inusuales, adquisiciones en grandes volúmenes o patrones sospechosos, sin afectar a las empresas que utilizan estas mangueras de forma legítima.
La iniciativa fue devuelta recientemente a la Comisión de Asuntos Jurídicos mediante una moción al amparo del artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa para atender observaciones al texto.
“Conocer quién adquiere estas mangueras, en qué cantidades y con qué propósito puede aportar información valiosa para prevenir delitos antes de que ocurran y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales”, señaló Karla Montero, presidenta de Recope.
Del decomiso a la destrucción
Previo a su destrucción, las mangueras fueron cortadas en secciones de un máximo de un metro de longitud. Posteriormente, fueron sometidas a un proceso de disposición final ejecutado bajo criterios de responsabilidad ambiental y en cumplimiento de la normativa vigente para el manejo de este tipo de residuos.
Mantener este material almacenado de forma indefinida no solo carece de utilidad, sino que también implica conservar residuos contaminados con hidrocarburos. Por esa razón, Recope promueve su disposición final mediante un procedimiento que garantiza tanto su inutilización como un manejo ambientalmente responsable.
“La destrucción de estas mangueras elimina un recurso utilizado por las organizaciones criminales para ejecutar tomas ilegales y forma parte de una estrategia integral para debilitar la logística del robo de combustible”, explicó César Alpízar, director de Operaciones de Seguridad de Recope.
Del decomiso a la prevención
Además de fortalecer la declaratoria del Sistema Nacional de Combustibles como infraestructura crítica, el proyecto 25.206 incorpora un registro obligatorio para la venta de mangueras industriales, al considerarlas un insumo.
La iniciativa plantea que los distribuidores y vendedores deberán registrar todas las ventas superiores a 100 metros de manguera, consignando información como la fecha de la transacción, la descripción del producto, la cantidad vendida, el precio, el medio de pago y la identificación del comprador.
Asimismo, deberán verificar la identidad del cliente, su domicilio, ocupación o actividad económica y, cuando corresponda, la representación legal de la empresa adquirente. Esa información deberá remitirse mensualmente a Recope mediante un formulario definido por la autoridad competente.
Un modelo que Costa Rica ya aplica
Aunque el registro para la venta de mangueras industriales sería una medida novedosa, el principio detrás de la iniciativa ya forma parte del marco regulatorio costarricense.
Costa Rica cuenta con mecanismos de trazabilidad para otros productos que tienen usos completamente legítimos, pero cuyo desvío puede facilitar la comisión de delitos. Uno de los ejemplos más conocidos es el de los precursores químicos y sustancias esenciales, utilizados por las industrias farmacéutica, alimentaria y química, entre otras, cuya comercialización y uso están regulados por la Ley N.° 8204, sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Bajo ese esquema, las empresas autorizadas deben mantener registros de inventario, reportar periódicamente sus movimientos y someterse a controles coordinados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio de Salud, con el fin de evitar que estas sustancias sean desviadas hacia la fabricación ilegal de drogas.
Para Recope, el proyecto de ley 25.206 aplica un principio que Costa Rica ya utiliza en otros ámbitos: establecer controles sobre productos cuyo uso es lícito, pero que también pueden facilitar actividades delictivas.
“Costa Rica ya cuenta con experiencias exitosas de trazabilidad para productos sensibles. Incorporar controles sobre la comercialización de grandes volúmenes de mangueras nos permitirá sumar una nueva herramienta preventiva para apoyar las investigaciones y dificultar la operación de las estructuras criminales”, señaló Alpízar.
Atacar la logística del delito
Las autoridades consideran que combatir el robo de combustibles requiere ir más allá del fortalecimiento de las sanciones penales y afectar la logística que sostiene estas actividades ilícitas.
La destrucción de las 17 toneladas de mangueras decomisadas y la propuesta de establecer un registro nacional para las ventas de grandes volúmenes de este material forman parte de una misma estrategia: retirar de circulación herramientas utilizadas para cometer estos delitos y dificultar que las organizaciones criminales accedan a los insumos necesarios para ejecutar nuevas tomas ilegales.
De aprobarse el expediente 25.206, Costa Rica incorporaría un nuevo instrumento para fortalecer la protección del Sistema Nacional de Combustibles, al complementar la persecución penal con mecanismos preventivos orientados a dificultar la operación de las organizaciones dedicadas al robo de combustible.
