El día de hoy se aprobó en segundo debate en la Asamblea Legislativa el Proyecto 21.447 : » Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas”, con una votación de 44 votos a favor y ninguno en contra, por lo tanto se cuenta con una ley que que impondrá penas de hasta 15 años de cárcel a quienes atenten contra el poliducto con el objeto de sustraer combustibles y otros delitos asociados como la distribución ilegal de combustibles.
RECOPE considera la aprobación como un avance importante para frenar el robo de combustible. Solo faltaría la sanción por parte del Poder Ejecutivo y la publicación en el diario oficial La Gaceta
Este proyecto de Ley se presentó a la Asamblea Legislativa en agosto del 2019 y en menos de un año se logró su aprobación, estableciendo penas específicas por este delito, que hasta ahora se trataba como una contravención simple.
“Esta nueva ley ayudará a fortalecer la lucha contra este flagelo que afecta una infraestructura pública estratégica para el país, como es el poliducto de RECOPE. Además, los constantes cortes, perforaciones y tomas ilegales que utilizan los delincuentes para apropiarse del combustible que está siendo trasegado por el poliducto, causan daños al medio ambiente y ponen en riesgo a las comunidades aledañas”, destacó el presidente de la empresa, Alejandro Muñoz Villalobos.
Desde el punto de vista económico el daño también es considerable. Según los registros de RECOPE, del 2016 a marzo del 2020 se han sustraído 16.702 metros cúbicos de productos (16.702.000 de litros), cuyo valor estimado asciende a ₡8.500 millones, a precio plantel de RECOPE con impuestos.
“Para Costa Rica es muy importante contar con un instrumento legal que le permita sancionar el robo y tráfico ilegal de combustibles, y de esta manera evitar que queden impunes estos los actos vandálicos que, como hemos dicho, al que roba no le importan ni las personas, ni el ambiente”, señaló que Presidente de RECOPE, Alejandro Muñoz.
Las sanciones propuestas por el proyecto de Ley:
- Causar daño al Sistema Nacional de Combustibles será penado con cárcel de 6 meses a 4 años, y si el acto ocasiona un derrame la pena irá de 4 a 6 años.
- El robo de hidrocarburos y sus derivados será castigado con cárcel de 5 a 15 años, mientras que el transporte y la distribución ilegal de hidrocarburos será castigado con cárcel de 1 a 4 años.
- La importación ilegal de combustibles sin autorización de RECOPE acarreará una sanción de 3 a 5 años de prisión, mientras que el apoderamiento, alteración o manipulación ilegítima de marcadores de hidrocarburos se castigará con cárcel de 1 a 3 años.
- Quien se apodere, altere o manipule ilegítimamente los sistemas o instrumentos de control de los combustibles será penado con cárcel de 3 a 8 años.
- Quien conociendo el origen y sin haber tomado parte en la ejecución de las conductas punibles sancionadas en la ley, reciba, almacene, oculte o de cualquier otra forma tenga en su poder combustibles que provengan de la ejecución de alguno de esos delitos será penado con cárcel de 1 a 5 años.
- Por otro lado, quien conociendo el origen ilícito de procedencia, destine, autorice, tolere, facilite, bienes muebles o inmuebles para la sustracción, apoderamiento, adquisición, almacenamiento, transporte, conservación, tenencia, venta, ofrecimiento, suministro o comercialización a cualquier título, de combustibles será penado con cárcel de 2 a 5 años.
- Luego se encuentra la sanción contra quien compre, venda, distribuya o comercialice mediante cualquier título, con fines de venta combustibles derivados de petróleo que se trate de un producto exonerado para uso del sector pesquero no deportivo, a cualquier otra persona física o jurídica no beneficiado legalmente por dicha exoneración. La pena será de 3 a 5 años y se aumentará en un tercio si el acto tiene con fin actividades de narcotráfico o piratería.
- De seguido, se establece como circunstancia genérica de agravación cuando los delitos arriba enlistados generen peligro para la salud o la vida de las personas, se produzca un daño ambiental, o cuando en la comisión de los delitos intervenga en calidad de funcionario público, servidor público o persona que ejerza funciones públicas, con ocasión de ellas o con abuso de su cargo. En estos casos la pena se aumentará hasta en un tercio.
- Finalmente, a los funcionarios, servidores públicos, o persona que ejerza funciones públicas que participe directa o indirectamente, por acción u omisión dolosa, favorezca, colabore, facilite o no denuncie las conductas ilícitas descritas en la ley, se les impondrá una pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas de 1 a 5 años.
En un inicio RECOPE se había abocado a la tarea de tratar de incidir en el robo de combustible en todas sus manifestaciones de hurto, daño y apoderamiento, en coordinación con las autoridades de Seguridad Pública.
Sin embargo, se descubrió que de forma paralela se venía presentando otro problema, la introducción de combustible de una forma ilegal al país, sobre todo en la frontera con Panamá.
El trámite legislativo evolucionó y el proyecto se amplió para incluir el contrabando y reunir dos propuestas que estaban en la corriente legislativa.
El proyecto aprobado contó con el aporte de diferentes actores de la sociedad civil, la empresa privada, con diferentes organismos públicos, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre otros.
El problema que se venía presentando es que aunque las autoridades detuvieran a quienes atentaban contra el poliducto, la tipología penal no se prestaba para que hubiese una concordancia entre lo sucedido en los hechos y los tipos de delito a aplicar.
La nueva ley crea un cuerpo armónico que contempla diferentes tipos de delitos de la apropiación, el apoderamiento, el robo, el hurto, el daño que se le haga al poliducto, el almacenamiento y distribución ilegal.
Ahora las personas que sean detenidas no en flagrancia, pueden ser procesadas por cualquier otro delito de los que tipifica la Ley. Esta es una herramienta que permite atacar al hampa de manera integral y evitar la impunidad.
Es importante indicar que esta Ley va más allá de lo normativo; con ella se trata de proteger la vida de los ciudadanos, pues al evitar el vandalismo contra el poliducto se evitan accidentes o tragedias en las zonas por donde pasa la red de tuberías, salvaguardando a quienes viven en las comunidades vecinas.
La nueva ley también contempla un beneficio ambiental pues en la medida en que se combata el robo de combustibles mediante tomas ilegales en el poliducto, se estarán evitando los riesgos por contaminación derrames de productos de hidrocarburos.
