- Desde el 2020, cuando entró en vigencia la ley 9852, Recope ha presentado 703 denuncias, pero solo 33 personas han sido sentenciadas.
El robo de combustible es una preocupación constante para Recope. Desde el 2016, cuando se registraron los primeros casos de esta actividad delictiva, ha existido una preocupación persistente por la seguridad de las personas, el resguardo de la infraestructura y el impacto económico y ambiental.
En mayo del 2020, entró en vigencia la Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas (ley 9852), la cual establece penas severas para aquellos que participan en actividades relacionadas con el robo de combustible; sin embargo, a pesar de esta legislación, la efectividad en la aplicación ha sido insuficiente.
La ley contempla penas que van de uno a 15 años de prisión para quienes incurran en delitos como el robo de combustible, el transporte y la distribución ilegal y receptación de combustibles (recibir, almacenar u ocultar combustible consciente de su origen ilegal). Además, prevé aumentos en las penas en casos donde exista peligro para la salud o la vida de las personas, daño ambiental, delincuencia organizada o participación de personas que ejerzan funciones públicas.
Desde la implementación de esta ley, Recope ha presentado 703 denuncias ante las autoridades judiciales. En la actualidad, existen 444 casos activos y sin resolver. La preocupación aumenta al constatar que solo 33 personas han sido sentenciadas en casi cuatro años por delitos relacionados con la ley 9852.
Karla Montero, presidenta de Recope, lamentó que a pesar del esfuerzo conjunto entre Recope, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para detener a los sospechosos, muchos de ellos quedan en libertad.
“Recope está haciendo todo lo humanamente posible para evitar una repercusión en el suministro de combustibles o un impacto en la vida o la salud de las personas y en el ambiente en las zonas afectadas por el robo de combustible, pero está claro que no podemos solos y necesitamos de la colaboración de todos. El buen trabajo que hemos realizado con el Ministerio de Seguridad, el OIJ y la Fiscalía ha quedado más que demostrado, pero, entre todos detenemos a los sospechosos y a las horas ellos quedan libres”, explicó Montero.
La presidenta de Recope hizo un respetuoso pero vehemente llamado para que se impongan penas y medidas cautelares lo suficientemente fuertes, acorde con la dimensión de este delito.
En este momento, menos del 3% de los sospechosos de casos de robo de combustible se encuentran en prisión preventiva, lo que evidencia una falencia en el sistema judicial para enfrentar esta problemática.
Tomas intervenidas y túneles destruidos
Durante el 2024, Recope ha intervenido en 50 tomas ilegales en todo el país, es decir, una cada dos días, mientras que ha descubierto y destruido 23 túneles utilizados para el robo de combustible, principalmente en la provincia de Limón, lo cual equivale a un hallazgo cada cinco días.
La cantidad de combustible robado en este año asciende a 1,4 millones de litros, lo que equivale a 44 cisternas con capacidad de 32.000 litros cada uno.
“Este delito no solo afecta las operaciones de Recope, sino que también pone en riesgo la vida de las personas y provoca impactos ambientales. Cada alerta de robo requiere una logística compleja para su atención, lo que requiere reparaciones rápidas para que la interrupción a nuestras operaciones no tenga implicaciones en la prestación del servicio público”, detalló Alexánder Davis, gerente de Servicios Técnicos e Innovación de Recope.
¿Qué ha hecho Recope?
Recope ha implementado medidas para combatir el robo de combustible, incluyendo la profesionalización de su personal especializado y el uso de tecnología avanzada.
Además, se ha incentivado a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa a la línea telefónica gratuita y confidencial 1-0-0-2. En el 2024, ya se registran 35 denuncias recibidas por esa vía.
Otra de las claves, en esta lucha frontal contra el robo de combustible es la coordinación entre Recope, el Ministerio de Seguridad Pública, el OIJ y la Fiscalía para combatir este y garantizar la seguridad de la población y la protección del medio ambiente; sin embargo, se hace necesario un respaldo judicial más efectivo para enfrentar esta problemática.
