- En un esfuerzo articulado para cerrar el paso al crimen organizado, la empresa brinda herramientas claves para el trabajo interinstitucional.
Con el propósito de robustecer la respuesta policial ante el robo de combustible, Recope sigue capacitando a representantes de diversos cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
La más reciente sesión se realizó este viernes 27 de febrero en el Salón Príncipe de Asturias del MSP, con enfoque en el análisis de las principales técnicas y modus operandi vinculados al apoderamiento ilícito de hidrocarburos, así como en la detección del transporte ilegal de combustibles. El objetivo es preparar a las autoridades para identificar, documentar y atender estos casos con mayor solidez operativa y jurídica.
El contenido incluyó el estudio de la Ley 9852 –Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas– y su reglamento, con énfasis en su correcta aplicación en campo.
La actividad fue articulada por la Dirección de Operaciones de Seguridad y la Asesoría Jurídica de Recope, en coordinación con la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
La presidenta de Recope, Karla Montero, destacó que la capacitación constante de los cuerpos policiales es un pilar en la estrategia interinstitucional para combatir este delito y proteger la infraestructura energética del país.
“La lucha contra el robo de combustible no solo requiere tecnología y controles internos, sino también una Fuerza Pública capacitada, informada y articulada con las autoridades competentes”, afirmó Montero.
Como parte de la jornada, los oficiales conocieron el “museo” de Recope, donde observaron implementos decomisados en distintos operativos, entre ellos mangueras, válvulas y dispositivos utilizados para perforar el poliducto. Estos elementos permiten dimensionar el impacto y el riesgo que estas prácticas representan.
Con este tipo de iniciativas, Recope busca asesorar y acompañar de forma permanente a los cuerpos policiales en la prevención y atención de casos vinculados al robo de combustible, un delito que no solo genera pérdidas económicas al Estado, sino que también pone en riesgo a comunidades enteras y al ambiente.
Los esfuerzos sostenidos en prevención, control y articulación interinstitucional han generado resultados concretos. En el 2025 se intervinieron 59 tomas ilegales, un 60% menos que en 2024; el volumen sustraído cayó un 41%, al pasar de 4,5 millones a 2,6 millones de litros; y el impacto económico se redujo en un 44%, de ₡2.197 millones a ₡1.234 millones. Estas cifras evidencian una disminución significativa y medible del delito, en resguardo de la seguridad energética, los recursos públicos y la integridad de las comunidades.
