El robo de combustible es un delito en constante crecimiento y más allá de las pérdidas económicas que le genera a RECOPE y los daños a una infraestructura que es estratégica para el desarrollo nacional; es un fenómeno delincuencial que tiene serias repercusiones en el medio ambiente y la salud de los pobladores de comunidades cercanas al poliducto y que está llegando incluso a áreas residenciales.
Los combustibles que se derraman por los daños a las tuberías y las tomas ilegales, ponen en alto riesgo a las personas y son letales para los mantos acuíferos, la flora, la fauna y las tierras de uso agrícola.
En Costa Rica esta nueva actividad delictiva no está jurídicamente tipificada y al igual que ha ocurrido en otros países como México y Colombia, se ha desarrollado con rapidez, tomando dimensiones alarmantes, asociada al crimen organizado. De hecho, es un delito cada vez más frecuente y los responsables utilizan técnicas muy sofisticadas.
De noviembre del 2016 a agosto del 2019, se registraron 530 tomas ilegales y el valor del producto sustraído alcanza los ₡7.500 millones, con un volumen cercano a los 15.000 metros cúbicos de combustibles como diésel, Jet-A1, gasolinas Súper y Plus 9; lo que equivale a 446 cisternas.
Por lo general, las acciones se descubren por las variaciones anormales en las presiones y flujos durante el trasiego de los productos. Los sistemas de control del poliducto detectan estas irregularidades y luego se verifican o localizan in situ, con los recorridos de inspección que realizan las cuadrillas de la empresa, labor que se ha debido reforzar con más personal operativo y de seguridad, así como herramientas tecnológicas para el control de las operaciones y la vigilancia de las tuberías.
Preocupa también el inminente riesgo de que uno de estos actos delictivos o actividades colaterales como el trasiego y almacenamiento inapropiado del producto sustraído, pueda generar un incendio o explosión de grandes dimensiones.
El Poliducto es la columna vertebral del Sistema Nacional de Combustibles y une a los diferentes planteles de RECOPE; va desde Moín, en Limón; hasta Barranca, en Puntarenas; y tiene un total de 533 kilómetros de tubería. En conjunto las líneas del poliducto permiten trasegar diariamente, de 4 mil a 5 mil metros cúbicos de productos como diésel, kerosene, gasolinas y combustibles de aviación.
La existencia de esta infraestructura hace más eficiente y seguro el trasiego de los combustibles, pues evita el tránsito de 270 cisternas diarios por las carreteras nacionales.
Una acción fundamental en el combate de este flagelo es la intervención de la Fuerza Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía y el Cuerpo de Bomberos, así como la colaboración de organizaciones comunales.
La participación ciudadana ha resultado muy efectiva en la denuncia de los robos de combustibles y nos ha permitido ser más eficaces en la coordinación con las autoridades, para el seguimiento y detección de los casos, así como la atención de los derrames y la reparación de los daños.
La distribución de combustibles es un servicio público esencial y debemos protegerlo. Con ese objetivo, RECOPE ha elaborado un plan de acción que busca coordinar con otros actores, tanto autoridades públicas como sociedad civil, la ejecución de medias puntuales para el control de dichas acciones criminales. Una de estas acciones es contar con un instrumento legal que le permita a las autoridades judiciales procesar y condenar a las personas que se dedican a esta actividad y decomisar todo aquel equipo y maquinaria utilizado en estos delitos.
El proyecto está en la corriente legislativa y existe una acción proactiva por parte de los señores diputados para lograr su aprobación, por la necesidad de proteger un bien del Estado que es de los costarricenses y cuya afectación nos perjudica a todos.
Dr. Alejandro Muñoz Villalobos,
Presidente