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MEMORIA
2016
Sala de lactancia y Reglamento
contra el hostigamiento sexual
Durante el 2016 se brindó capacitación
sobre hostigamiento sexual y laboral,
dirigido a los titulares subordinados,
ya que en el 2015 se dotó a los
colaboradores de un remozado
reglamento para prevenir y sancionar el
hostigamiento sexual. Las acciones van
orientadas a evitar que se produzcan
situaciones de acoso, y conocer las
formas pertinentes para denunciar
y abordar los casos cuando esto se
presenten, bajo el compromiso de
propiciar y asegurar un ambiente de
trabajo armonioso.
Asimismo, en las oficinas centrales se
equipó una sala adecuada y cómoda
para que las madres trabajadoras,
que regresan de la incapacidad por
maternidad, puedan extraerse la leche
materna y conservarla durante la jornada
laboral.
La normativa contra el acoso y las salas
de lactancia son un derecho que se está
convirtiendo en una realidad en todas
las empresas públicas y privadas.
De esta manera, RECOPE dio
cumplimiento al compromiso de la
administración Solís Rivera, que se
planteó la meta de revisar todas las
convenciones colectivas del sector
público y eliminar los privilegios
abusivos, respetando los derechos
laborales. RECOPE, cumpliendo con
esta directriz, denunció la totalidad
de la convención y, tras una intensa
negociación, se modificaron 96 de
los 161 artículos que componen la
convención colectiva, de los que
quedaron eliminados 17.
El proceso de negociación se caracterizó
por un ambiente de respeto, diálogo y
paz laboral, y conllevó la revisión
detallada, artículo por artículo, dando
como resultados un acuerdo más acorde
con la realidad y condiciones actuales
del país, y asegurando una mayor
autonomía a la administración.
La primera convención colectiva
de RECOPE se firmó en 1969 y
desde entonces se le realizaron 16
modificaciones y en todos los casos se
aumentaron los beneficios existentes
o se agregaron nuevos, de ahí el hito
histórico de concretar un acuerdo
orientado por la austeridad donde se
protegen los derechos fundamentales
de los trabajadores, pero enmarcados
dentro de los principios de razonabilidad
en el uso de los recursos públicos.
